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Sólo la capital (Burgos) y tres municipios «protegen» el Camino de Santiago

19 agosto 2016 / Mundicamino

Orbaneja Riopico, Belorado y Hontanas, junto a Burgos, inicia la redacción de un plan protector o cuenta con la aprobación inicial o definitiva del mismo, según el Procurador del Común.

El Procurador del Común inició el pasado mes de marzo una actuación de oficio para conocer los motivos por los que los municipios por los que transcurre el Camino de Santiago no cuentan con Planes Especiales de Protección (PEPCS). Esta actuación se inició al comprobar que solo siete de los 82, cumplían con la normativa que marcaba la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, donde en su artículo 43.1 se recoge la obligatoriedad de contar con este tipo de instrumentos de protección.

En Burgos, entre los ayuntamientos con la aprobación definitiva del instrumento de protección se incluyen los municipios que ya contaban con ella antes de la fecha del inicio de este expediente de la Procuraduría, que incluyen el de la capital y de Hontanas.

El único que cuenta con la aprobación inicial del PEPCS es el Ayuntamiento de Belorado.

Y sólo uno también ha contratado o iniciado la redacción de un plan protector, el Ayuntamiento de Orbaneja Riopico. Éste último tiene intención de redactar un PEPCS y Normas Urbanísticas nuevas, ya que las vigentes datan del año 1984, habiendo prácticamente finalizado la contratación de un redactor. Aún así, en el informe del Ayuntamiento también se hacía alusión a que se trata de un municipio pequeño con apenas recursos para financiar los servicios básicos, y la elaboración de un plan así podría suponer un 10 % de los recursos anuales ordinarios para la prestación de esos servicios básicos, suponiendo una inversión prácticamente inviable sin ayuda externa.

Después de 14 años desde la aprobación de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, 75 Ayuntamientos carecen de la aprobación definitiva de un Plan Especial. De ellos, 24 ayuntamientos excusan, por el momento, cualquier tipo de iniciativa para dotar a los correspondientes municipios de un instrumento de protección para el tramo del Camino de Santiago. En la provincia de Burgos se encuentran en esta situación los Ayuntamientos de Atapuerca, Barrios de la Colina, Castellanos de Castro, Castrillo de Mota de Judíos, Castrillo del Val, Fresdeña, Iglesias, de Itero del Castillo, Rabé de las Calzadas, Redecilla del Camino y de Viloria de Rioja.

Las razones en la mayoría de los casos, para no ver posible la elaboración de un instrumento de protección del Camino de Santiago en el ámbito de su municipio, es la falta de medios económicos y personales, lo que obligaría a descuidar la atención de los servicios básico.

Algunos reivindican la dotación económica de otras Administraciones públicas, en particular de las Diputaciones Provinciales, para poder aprobar los planeamientos que exige la normativa, y, al mismo tiempo, la elaboración de un Plan de ámbito regional.

Por otro lado, hay 11 ayuntamientos en toda la Comunidad que manifiestan su intención de promover un PEPCS.

En Burgos, el Ayuntamiento de Cardeñuela Riopico indicó que había solicitado varios presupuestos a técnicos y así dar cumplimiento a la normativa autonómica. Pero también alude a los poco recursos económicos para su elaboración.

En Ibeas de Juarros apuntaron que lo abordarían junto a otros asuntos pendientes y teniendo en cuente la capacidad económica. Y en Tardajos, aunque no lo tienen previsto por varias razones, sí que están dispuestos a la tramitación de la Normativa para dar cumplimiento a las exigencias legales.

El resto de ayuntamientos de la región tienen algún tipo de norma reguladora sin llegar a ser un Plan Especial.

El Camino de Santiago es un bien patrimonial con proyección universal para el que la Ley exige un planeamiento municipal que a fecha de hoy, según informa el Procurador del Común, es muy incompleto.

En este sentido, dadas las dificultades existentes, todo indica que las carencias podrían mantenerse en el tiempo, y, en su caso, ser suplidas por una planificación regional que contuviera unos criterios comunes de protección e intervención dirigidas a un tratamiento integrado, uniforme y homogéneo del Camino de Santiago en la Comunidad. Todo ello sin perjuicio de que también fuera deseable cierto grado de coordinación y puesta en común de actuaciones con otras Comunidades Autónomas por las que también transcurre el Camino de Santiago.