Critican la normativa de la Xunta de Galicia, el intrusismo de hospedajes que no se encuentran regulados y la competencia que hacen los propios concellos al ofrecer polideportivos a los peregrinos.
Ya levantaron la voz en julio del año pasado y lo vuelven a hacer ahora porque «la situación no ha mejorado». Las principales asociaciones de albergues del Camino de Santiago firmaron hace ocho meses un manifiesto en el que urgían a la Xunta a que frenase la oferta ilegal de hospedajes, no solo la de los «albergues piratas», sino también la de los concellos que ofrecen polideportivos para alojar a los peregrinos «sin control sanitario, fiscal o laboral». También alertan de una burbuja de nuevos establecimientos sobre todo en el Camino Francés. A estas dos problemáticas se ha unido la normativa que entró en vigor hace un año que obliga a los establecimientos a abrir a las diez de la mañana y que cada cama o litera este hecha y cuente con un juego de sábanas de tela, manta o edredón y almohada. También deben entregar una toalla de ducha al peregrino.
«No hemos adelantado nada en este tiempo», se queja Xosé Quintana, presidente de la Asociación galega de albergues privados (Algaber). «Uno de los problemas que tenemos es la obligación de tener las camas hechas y poner sábanas de tela y entregar una toalla, cuando el 80% de los peregrinos viene con su saco de dormir y del resto, la gran mayoría prefiere sábanas desechables. Esta normativa va en contra del espíritu del Camino», asegura. Quintana explica que esta obligación perjudica sobre todo a los grandes albergues, los que tienen más de 100 plazas, porque hacer las camas y poner las sábanas supone «un aumento de costes».
Enrique Valentín, presidente de la red de albergues del Camino, hace una petición a la Xunta. «Cuando vaya a emitir una norma sobre albergues que hable con los albergues. Somos los que estamos todo el día en el Camino. Somos los que conocemos cómo funciona todo porque estamos al pie de la calle», explica Valentín, quien reconoce que «la normativa de Galicia es la más dura de todas las comunidades». La Xunta, por su parte, alega que la norma entró en vigor el pasado 24 mayo y que durante su tramitación no recibió ninguna alegación de los afectados.